Albisteak
Informe de evaluación de la Oficina Pública de la Lengua Vasca (mayo de 2010)

Cuatro inspectores generales del Estado francés presentaron recientemente un informe de evaluación muy favorable sobre la Oficina Pública de la Lengua Vasca (OPLB), realizado en mayo de 2010. La Oficina Pública de la Lengua Vasca es la estructura pública que, desde finales de 2004, está a cargo de la política a favor del euskera en el País Vasco Norte, e inició un proyecto de política lingüística en 2006.
Sin ser especialistas en política lingüística, dichos inspectores de la administración, la cultura y la educación nacional han realizado un trabajo particularmente interesante. El objetivo principal de la evaluación era estudiar la adaptación de la OPLB a las tareas que se le confiaban (p. 12), mediante una inspección general, para informar a los poderes públicos sobre las orientaciones futuras. También se le hacen recomendaciones a la OPLB (Tabla de recomendaciones, p. 9-10) para garantizar la renovación de la estructura en el nuevo periodo 2010-2016. El informe examina muchos aspectos: el funcionamiento de la estructura, su estatus, las finanzas, la participación de sus fundadores, las relaciones con las asociaciones, etc. En el caso que nos ocupa, nos interesa la política lingüística llevada a cabo por la OPLB.
En el proyecto de política lingüística de 2007-2010, Un objetivo central: locutores completos. Y un público objetivo: las generaciones jóvenes, se identifican 12 "retos principales", 12 ejes de trabajo. Éstos se reparten entre la transmisión del idioma, el uso social y la vitalidad del idioma ("fortalecer el idioma"). Los inspectores, al ver que la OPLB no dispone de los medios necesarios para trabajar en todos los ámbitos, aprobaron el principio de subsidiaridad puesto en práctica. Según este principio, habrá que aumentar el número de agentes privados asociados y la red de técnicos del euskera, especialmente como apoyo para las actividades en el ámbito de la vida social (p. 10). El principio permite tener en cuenta la gran variedad de agentes e implicarlos en esta política.
Asimismo, habrá que aumentar los medios de animación, los medios de ingeniería lingüística, de la OPLB para hacer frente a todos los retos y responder a las demandas (p. 9). Para ello, el equipo profesional pasará rápidamente de 8 a 12 miembros. Se estima que los objetivos que la OPLB se fijó en 2006 no podrán cumplirse durante el nuevo periodo 2010-2016. Esto no sorprende en absoluto. Lo sabemos. Quienes trabajan por las lenguas minorizadas lo saben: las mejoras nunca son definitivas. Se necesitan grandes esfuerzos para recuperar los ámbitos de uso o las funciones que la lengua minorizada ha perdido en beneficio de la lengua dominante, en nuestro caso el francés. Y, si la lengua minorizada recupera o gana un ámbito o una función, hay que hacer esfuerzos ininterrumpidos para conservarlos. Los avances nunca son definitivos.
Los inspectores también subrayaron que los socios públicos fundadores de la OPLB tienen que movilizarse en sus ámbitos de competencia para trabajar más en favor del euskera, y no conformarse con ser socios leales de la OPLB, dejándole a ella ese trabajo. Señalaron dos líneas de acción que no pueden solucionarse sólo a escala local (p. 9). Por un lado, la presencia del euskera en los medios audiovisuales públicos (aparte de las radios privadas asociativas en euskera y la cadena de televisión Euskal Telebista del Gobierno Vasco, hay pocas cosas de este tipo en euskera): «el lugar tan insuficiente que ocupa el euskera en los medios audiovisuales públicos» (p. 49). Por otro lado, la formación de los agentes territoriales. Las colectividades públicas del País Vasco Norte cotizan a un organismo público (CNFPT) para que sus agentes tengan una formación a lo largo de su carrera profesional, pero en euskera es imposible. Por consiguiente, las colectividades que así lo deseen tienen que pagar también a AEK para que su personal pueda recibir formación en euskera. Por supuesto, estos socios públicos de la OPLB (el Estado francés, la región de Aquitania y el departamento de Pirineos Atlánticos) tendrían mucho que hacer en su ámbito de competencia, más allá de las dos líneas de trabajo ya indicadas, desde los hospitales hasta la acción social, pasando por las ayudas económicas, ya que el ámbito público es más amplio en Francia que en España. Los inspectores afirman también que algunos organismos del Estado deberían adquirir ciertos conocimientos sobre el euskera y la política lingüística. En resumen, deberían implicarse más y no permanecer a cierta distancia. La sensibilización de estos organismos con los retos de la política lingüística sería un aspecto importante a mejorar (p. 49).
Como dijo la OPLB (véase este artículo), los inspectores subrayan que hay que llegar a un equilibrio entre la transmisión (principalmente mediante la enseñanza escolar en el País Vasco Norte) y el uso; además de actuar sobre la transmisión del euskera, la OPLB deberá apoyar el uso del idioma y no sólo entre los jóvenes. «La transmisión mediante la enseñanza tiene límites y sola no puede garantizar el futuro de un idioma» (p. 21). Los inspectores añaden que «la consolidación del uso, aparte de la enseñanza es, sin duda, el mayor reto» (p. 7). Por supuesto, éste es, en mi opinión, el objetivo principal de la política lingüística; el primer criterio de la vitalidad objetiva de un idioma en una comunidad lingüística concreta es su uso. Para ello, tienen que participar los diferentes grupos de edades y grupos sociales, de una forma u otra, incluso aunque no todos hablen el idioma.
No obstante, he encontrado algunas lagunas en el informe, desde el punto de vista de la política lingüística. En la página 46, siguiendo la suposición de la OPLB, la evaluación nos dice que los alumnos tienen que alcanzar un nivel de competencia suficiente para, después, transmitir el idioma a sus hijos. Sabemos que el actual nivel de competencia no es suficiente para poder transmitir a los hijos una lengua minorizada, aunque sea una condición sine qua non, en especial cuando se ha aprendido en el colegio. También hay que cumplir algunas condiciones sociales y psicológicas.
En la página 60, los inspectores afirman que el reto es que quienes hayan aprendido el euskera tengan la posibilidad, es más, tengan las ganas, de hablarlo. Este objetivo no es muy preciso: hay que decidir dónde, cuándo y con quién se hablará el idioma. En este sentido, los inspectores dan prioridad a la "buena convivencia" más que a la "obligación" (p. 60). En cierto modo, y sin decirlo de forma expresa, en su visión implícita de la política lingüística, dan prioridad al francés, la lengua dominante, ya que es necesaria, mientras que el euskera es opcional. Por ejemplo, en los colegios donde se practica la inmersión en euskera, las ikastolas, los alumnos, además del euskera, tienen que dar clases de francés. Este punto de vista no es sorprendente por parte de los inspectores del Estado francés.
En cualquier caso, tal y como está, el informe de evaluación, basado en una visión exterior, aporta a la OPLB reflexiones estratégicas y líneas de acción muy interesantes.
Jean-Baptiste Battittu Coyos
Lingüista
