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Valenciano-catalán: factor de mercado

A este observador le llama la atención, en primer lugar, que, durante quince años, la justicia no haya actuado de oficio contra los gobernantes correspondientes que hacían caso omiso de las sucesivas sentencias. No parece lógico esperar a la sentencia número treinta para que los poderes públicos obliguen a los ciudadanos o, como es el caso, a otras instancias oficiales -¡nada menos que a la administración autonómica!- a cumplir normas y resoluciones. Sin entrar en redundancias, una justicia que tarda quince años en lograr que se acaten sus dictámenes no parece muy justa. Sería lógico pensar que, en un estado de derecho, una sola sentencia firme debería ser suficiente para su ejecución y, en caso contrario, para obligar, con todo el peso de la ley -y nunca mejor dicho- a los cargos públicos rebeldes a abdicar de sus responsabilidades por la vía de urgencia. Desde este punto de vista, la sentencia que comentamos es un mal precedente. La dilación de las responsabilidades fomenta la arbitrariedad en el uso del poder y confirma a los presuntos delincuentes que la ley no va con ellos sino como recurso instrumental en beneficio propio.

A pesar de ello, el observador considera que el reconocimiento de la validez de la titulación universitaria es un punto de partida para la elaboración de una mínima conciencia de pertenencia a un mismo mercado lingüístico -que es una clase de mercado. El territorio (las fronteras), las banderas y las lenguas son, seguramente, los elementos más emblemáticos y emblematizados de las naciones y de los mercados de aquí y de allá. El idioma contiene, además, infinitas posibilidades intrínsecas de simbolización particular, que empequeñecen o dilatan a conveniencia estos mismos mercados. Por desgracia, los valencianos sabemos mucho del asunto. El nombre de la lengua, las grafías y la normativa gramatical suelen constituir fuentes de ritualización semiótica y, por lo tanto, de adhesiones y lealtades sentimentales -manipulables, en consecuencia- que cumplen objetivos no sólo simbólicos sino económicos y socioculturales. Los gallegos también pueden ofrecer un gran muestrario en el género. El hecho de que todo eso sea utilizado con frecuencia como cortina de humo o sedante de conflictos sociales más serios y definitivos para las comunidades lingüísticas es una vieja táctica utilizada de forma tan interesada como recurrente.

Finalmente, si el observador aplica al caso el principio del optimismo de la voluntad que nos recomendaba A. Gramsci en nuestras lecturas juveniles, encontrará una razón mucho más importante para la alegría ante la sentencia. Como digo, el secesionismo aplicado al valenciano respecto del resto de la comunidad lingüística catalana es una estrategia de disgregación de un mercado compartido en que las fronteras interiores -administrativas o no- diluyen los flujos comunicativos y, en consecuencia, la capacidad de oferta y demanda. El caso moldavo (rumano hablado en Moldavia) con una clara conciencia de diferencia respecto del hablado en la Rumania estricta, es otro ejemplo. También el del portugués de Galicia, a menudo tratado como una lengua diferente del estado vecino. El caso serbo-croata es quizá el más sangrante de nuestro entorno. Es en ese sentido que señalamos -y sólo en este sentido- que celebramos el reconocimiento legal con el que iniciábamos el artículo. La distinción jurídica entre el valenciano y el catalán impedía, por ejemplo, que los profesionales de la enseñanza de una y otra comunidad tuvieran acceso a todo el mercado territorial. El que estaba en juego no era nuestra esencia nacional, sino el aislamiento de una cierta masa crítica de profesores, escritores e industrias culturales que han hecho del catalán, desde Valencia, su lengua de creación y de trabajo. Bienvenida sea la sentencia, incluso si llega, como es el caso, quince años tarde.


Toni Mollá
Periodista y autor del Manual de sociolingüística