Albisteak
Algunas paradojas en la protección de lenguas minorizadas: ¿el enemigo, fuera o dentro de casa?
En la última década, Canadá ha sido a menudo materia de debate, tanto en el mundo académico como en el político. Según opinión extendida, Canadá constituye un ejemplo en muchos ámbitos. Uno de ellos es el de la estrategia desarrollada en ese país norteamericano para aceptar y proteger la «diferencia» en la sociedad.
En ese ámbito ha habido diversos acontecimientos relevantes en los últimos meses, que me servirán de base, y pretexto, para la reflexión. Considero que son particularmente atractivos, en la medida en que vienen envueltos en paradojas, y que nos deberían llevar a reflexionar sobre algunos de nuestros futuros problemas.
La lengua oficial única en Québec es el francés, aunque a la exigua minoría anglófona se le reconoce el derecho a utilizar su lengua bajo determinadas condiciones. En lo que respecta a la educación, eso se traduce en que los niños y niñas que estudian en escuelas públicas y en escuelas con subvención pública deben estudiar obligatoriamente en francés. En dichas escuelas, los únicos alumnos con derecho a estudiar en inglés son aquellos cuyos progenitores han realizado la mayor parte de sus estudios en Canadá en inglés, así como aquellos que en su anterior etapa educativa cumplían ese mismo requisito. Quienes no estén en esa situación, si desean estudiar en inglés, deberán hacerlo en escuelas privadas sin subvenciones públicas.
Así, son muchas las personas que han intentado encontrar un resquicio a la ley, con la pretensión de que sus hijos estudien en inglés, pero sin pagar una escuela privada. Como resultado, han surgido las denominadas «escuelas puente» (bridging schools/ écoles passarelles): los progenitores llevan a su hijo o hija a una escuela privada que ofrece educación en inglés, pero sólo en la etapa preescolar. Posteriormente llevan al menor a una escuela pública o a una escuela que recibe subvenciones públicas, y exigen su derecho a estudiar en inglés, ya que hasta ese momento toda la educación recibida por el menor en Canadá ha sido en inglés.
Con el propósito de impedir semejante práctica, el Parlamento de Québec, la Assemblée Nationale, modificó la Charte de la langue française (Carta de la Lengua Francesa), la famosa Ley 101. De acuerdo con el nuevo régimen legal, en caso de que se desee ejercer el derecho a cursar los estudios en inglés, no se tendrán en consideración los años realizados en inglés en escuelas privadas que no reciban subvenciones públicas.
Algunos padres y madres presentaron un recurso contra la ley ante los tribunales, pues consideraban que era anticonstitucional y que quebrantaba sus derechos.
El 22 de octubre de 2009, el Tribunal Supremo dictó sentencia en la causa Nguyen v. Quebec, y reconoció que el nuevo régimen legal quebrantaba los derechos de los padres, y que dos apartados de un artículo de la Ley 101 eran anticonstitucionales.
La sentencia del Tribunal Supremo ha provocado un gran revuelo político. Las críticas vertidas desde el ámbito político han sido numerosas, ya que políticos de todos los colores, sean francófonos o anglófonos, sean de Québec o de fuera, han declarado ser partidarios de proteger la identidad francófona particular de Québec.
Debe tenerse en consideración que la Ley de la Lengua Francesa es una de las leyes más relevantes que ha cincelado esa particularidad de Québec, el símbolo más importante de la revolución tranquila acaecida en los años 60 del siglo pasado. Por tal motivo, quienes desean mantener -y reforzar- la identidad francófona particular de la provincia muestran una sensibilidad extraordinaria para con todo aquello vinculado a dicha ley. Y nadie desea mostrarse en contra de la misma.
En todo ese proceso, el 28 de octubre, sin haber transcurrido ni una semana desde la publicación de la sentencia, la Cámara Baja del Parlamento Federal de Canadá celebró un interesante y significativo debate. El partido NDP, Nuevo Partido Demócrata, presentó una moción para hacer frente a la situación creada tras la sentencia. En la moción, solicitaban a la Cámara la proclamación de que el hecho de que declarara que la gente de Québec constituye una nación -tal y como ha hecho ya la Cámara- significa, entre otras cosas, que la provincia de Québec tiene derecho a garantizar que las personas inmigrantes, en primer lugar y con total prioridad, deben aprender el francés. Tras un debate en profundidad, se aprobó la moción por unanimidad. Todos los diputados de Canadá se mostraron a favor de la moción.
En contra de lo que podría pensarse, los impulsores de la moción no fueron soberanistas quebequenses, sino los diputados anglófonos elegidos en la provincia; y fueron ellos quienes jugaron el papel más relevante en los discursos favorables a la moción. ¿Qué sucedió?
Salvo contadas excepciones, es muy complicado encontrar entre la población anglófona detractores de la política monolingüe a favor del francés, siempre que se garantice el derecho a utilizar su lengua, tal y como sucede en la actualidad. La población anglófona es cada vez más consciente de que le resulta enriquecedor aprender francés y no les resulta problemático que se obligue a la población inmigrante a aprender francés.
Los opositores a la política a favor de la implantación del francés se encuentran entre los inmigrantes, pero no son los únicos. Cada vez son más las personas francófonas a las que no les gusta la obligación de estudiar únicamente en francés. Desean estudiar en francés, pero también en inglés, pues consideran que, por defender el francés, se ven privados de la posibilidad de dominar adecuadamente el inglés.
Chantal Hébert, periodista y mordaz comentarista francófona -y francófila- ha definido con claridad meridiana los obstáculos que acarreará el futuro en ese ámbito. En un artículo de opinión publicado en el diario The Star de Toronto (Language law to face foe from within), explica con calridad lo que está sucediendo, y por lo visto cada vez más, en Québec: los mayores detractores de la política cuyo objetivo es implantar única y obligatoriamente el francés como medida más apropiada para proteger esa lengua, no estarán fuera de la comunidad francófona, sino dentro de ella. En su opinión, el conflicto sobre la política lingüística será, cada vez más, un conflicto entre francófonos. Sobre todo si, tal y como desean los soberanistas, la obligación de estudiar únicamente en francés se extiende a la enseñanza secundaria, ya que esa etapa educativa constituye la vía que numerosas personas anglófonas utilizan para dominar el inglés.
Las personas partidarias de las políticas protectoras de la lengua minorizada han mostrado, en general, su predisposición a hacer frente al enemigo exterior. Ahora deben concebir cómo dar una respuesta adecuada a las necesidades planteadas por las personas de la misma comunidad que no desean vivir encerradas en una reserva. La comunidad francófona de Québec debe hacer frente al desafío que le plantea el inglés. Afortunadamente, o desgraciadamente, el único desafío existente en ese ámbito es el del inglés. Deberán ser rigurosos si desean tener éxito. Quienes, en cambio, nos enfrentamos a situaciones más complejas deberemos ser aún más rigurosos. Las lenguas que nos rodean son poderosas y, por ese motivo, no podemos darles la espalda, si no queremos abocar a nuestra lengua al fracaso. Lo cual, con todo, no nos exime del desafío que supone también el inglés, aunque aquí no tenga los matices que presenta en Québec.
Alberto López Basaguren
Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV
